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2018-04-11 12:32:14
 FONTAINE ENCIENDE EL DEBATE EN EL CONGRESO POR CAMBIOS AL CÓDIGO DE AGUAS
(10 abril 2018) A casi un mes que Obras Públicas y Agricultura anunciaran cambios al proyecto de Ley Código de Aguas- que busca asegurar la certeza jurídica de los propietarios de los derechos de aprovechamiento de aguas- el titular del MOP, Juan Andrés Fontaine, entró de lleno a la discusión en el marco de su asistencia a la comisión especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en el Congreso. El secretario de Estado enfatizó que la prioridad es el consumo humano y que para el resto de los casos el mercaso del agua funciona eficientemente si hay determinadas condiciones, como certezas jurídicas, información y transparencia y fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas (DGA). Fue en ese momento cuando fue interpelado por los parlamentarios debido a los cambios que pretende llevar a cabo. "Estamos hablando en conjunto con el Ministerio de Agricultur de introducir una indicación sustitutiva que aseguraría certeza jurídica en propiedad", respondió el economista. Y aunque evitó hablar de plazos, dijo que esta es una oportunidad para modernizarlo con la creación de un nuevo derecho "conservación", de agua. "Quien tiene un derecho de conservación, no puede transformarlo después en un derecho de uso porque sería una manera de eludir la patente. Ese concepto estamos pensando e introducirlo", indicó. Fontaine siguió desmenuzando sus ideas y señaló que fortalecerán la participación de las organizaciones de usuarios de agua en la gestión y fiscalización. Como principio básico de la indicación sustitutiva en varias áreas que presentará el gobierno se señaló la necesidad de fortalecer el rol del Estado para asegurar el correcto funcionamiento de este mercado. Y en ese sentido Fontaine aseguró que el proyecto actual enviado por la administración anterior “introduce cambios que lesionan la seguridad jurídica de los derechos de agua y el funcionamiento de este mercado”, tal como han criticado especialmente los agricultores. “La tarea del Estado es que las condiciones se cumplan para que el mercado funcione en forma eficiente. Nuestra discrepancia con la filosofía de la reforma propuesta gira en torno a que los derechos se asignen para usos específicos. Nosotros pensamos que, excepto la separación entre derechos consuntivos y no consuntivos, éstos deberían ser de libre disposición y simplemente que una minera le compre los derechos a un agricultor, o a una sanitaria para instalar una desaladora. Hay distintas fórmulas que pueden ocurrir en un mercado con libre disponibilidad de derechos, esa es la certeza”, acotó Fontaine. La principal distancia con el proyecto de Bachelet es que éste planteaba el cobro de una patente, y de una multa si el adquirente del derecho no realizaba obras para cumplir con el destino que había comprometido para solicitar el derecho de agua. Y si al cabo de una decena de años no realizaba ningún proyecto, el derecho caducaba. “En su propuesta no hay ningún control público sobre el uso de los derechos de agua; para ellos el uso puede ser indiscriminado de parte de un propietario y se abstraen de que el agua es un bien nacional de uso público y que si no se usa se está haciendo un daño al patrimonio”, comentó la senadora Adriana Muñoz que preside la comisión. Fuente: Diario Financiero y El Pulso |